El fenómeno de la okupación en España se ha intensificado en los últimos años, afectando a las grandes ciudades como Barcelona.
En este sentido, un aspecto crítico relacionado con la okupación es el tiempo que tardan los propietarios en recuperar sus viviendas a través de procesos legales lo que evidencia una creciente lentitud en el sistema judicial.
Según datos del CGPJ de 2023, en Cataluña los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tuvieron una duración media de 11,8 meses. Por otro lado, el tiempo medio para resolver las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales catalanas -en cuanto a procedimientos civiles, es de 12,6 meses.
Además en Barcelona, una combinación de factores ha agravado la situación. La implementación de normativas específicas en materia de vivienda, como la Ley 24/2015, ha sido interpretada en algunos casos como más favorable a los okupas que a los propietarios.
Esta ley, que introduce mecanismos para proteger a las personas en riesgo de exclusión residencial, ha ocasionado retrasos en los desalojos y, en algunos casos, su evitación, lo que ha contribuido al aumento de las okupaciones.
Por ello, el modelo de COLIVING y alquiler por habitaciones, es el que más garantía presenta, ya que por contrato siempre tenemos acceso a la vivienda y los inquilinos son perfiles de estudiantes o jóvenes profesionales que alquilan las habitaciones de forma temporal.
